Jesús Martín Tejedor

Presidente de la Asociación Española de Científicos (AEC)

Basta un adarme de arbitrismo respecto a la actual situación española para que nuestro dedo acusador apunte a la Ciencia y a la Investigación Científico-Tecnológica como el talón de Aquiles de nuestro futuro post-industrial.

En achaque de Ciencia y de Tecnología no estamos donde deberíamos estar, es decir, en el lugar que por demografía, por geografía y por renta nos correspondería estar.

Esto es algo muy sabido y tanto hemos insistido en ello en las páginas de esta revista que nos parece machaconería importuna seguir abundando en ello. Hay sin embargo un dato nuevo –al menos nuevo para nosotros– en lo que respecta a la explicación de tal estado de cosas. Generalmente, hemos atribuido la cicatería de los gobiernos en la financiación de la Ciencia y de la Tecnología a la falta de cultura científica de la sociedad española y por lo tanto a la falta de cultura científica de nuestros políticos, que son parte de esa sociedad. No quieren gastarse más dinero en I+D –decíamos– porque desconocen la importancia trascendental de la Ciencia en el mundo moderno y en el mundo futuro.

En realidad, no es sólo que no quieran gastarse más dinero; incluso hay responsables políticos y administrativos persuadidos de que el Estado todavía gasta en I+D más dinero del que debiera, habida cuenta de las utilidades que de tal gasto se derivan. Esto piensan no sólo políticos de uno u otro signo, sino economistas del Estado, técnicos de Hacienda, gente de la Banca y de la empresa. ¿Qué reportan a nuestra economía y a nuestro bienestar los científicos españoles? ¿Dónde están las grandes patentes españolas? ¿Cuántos premios Nobel hay en la actual Ciencia española? Esta es la verdadera cuestión. No es que nuestros responsables públicos desconozcan la importancia de la Ciencia, como hemos venido creyendo durante muchos años, sino que están persuadidos de que la actual plantilla de científicos españoles no sería capaz de sacar provecho de una financiación más copiosa.

En realidad no se trata de cuestionar la ejecutoria de nuestros científicos, ni de minusvalorar su talento y dedicación. Se trata de una percepción global de que la Ciencia no marcha en España, ni ha marchado nunca, y todo ello por un conjunto de causas, cuya detección y explicación histórica constituye casi una trabajosa y polémica subdisciplina. ¿Que nuestra masa crítica de investigadores es exigua, como es pequeño nuestro sistema Ciencia-Tecnología? Sí, desde luego, pero ¿para qué aumentarlo? ¿Para hacer más extenso el objeto de nuestra frustración ?

Podría creerse que esta manera de pensar es un argumento especioso de los responsables de los caudales públicos para justificar su racanería. Pero no es así. Y la prueba de que no es así es que, cuando aparece por aquí un español que ha llegado a ser notabilidad científica en el extranjero, se le ofrecen recursos espléndidos para que monte en su patria de origen un centro de investigación similar al de su procedencia. Con éste sí, con éste podemos gastarnos lo que haga falta –dicen– porque da garantías. Y el Gobierno tira de billetera, con esplendidez y hasta con gusto. Recordemos el dinero que estaba dispuesto a invertir el anterior Gobierno (cerca de 100.000 millones de pesetas) para traerse a España el proyecto ITER que, al ser internacional, tenía garantizada su excelencia. De manera que más que una cuestión de dinero o de racanería, es un problema de fe y de esperanza respecto a los científicos españoles. De donde resulta –y así completamos la mención del catecismo– que la dotación económica para I+D es más bien una caridad.

Pues bien, después de esto cabe decir que el problema sigue siendo un asunto de ignorancia. No ignorancia respecto a la importancia de la Ciencia y la Tecnología, como creíamos hasta hace poco tiempo, sino respecto a la realidad de lo que en España se está haciendo en materia de I+D+i. Si se pone en una balanza los recursos humanos y materiales que el Estado pone a disposición de los científicos y lo que estos producen en provecho de la Ciencia y del sistema productivo, no se puede afirmar que el fiel de la balanza se venza más por un lado que por el otro. En otras palabras, el sistema Ciencia-Tecnología español cumple, por lo menos cumple, con la responsabilidad de dar rendimiento a los gastos que ocasiona y a las inversiones que recibe. Esto por lo que respecta a la investigación pública y dentro de ella incluso a la investigación básica.

Este balance empieza a cambiar espectacularmente si entramos a considerar la actividad de la empresa privada española. Por supuesto, no llega todavía a financiar los dos tercios de I+D española, como sería lo correcto o lo usual en un país desarrollado, pero su despegue no sólo es altamente prometedor, sino que da al traste con todos los tópicos perversos que lastran la percepción de I+D por parte de la sociedad española, especialmente los que se refieren a la capacidad investigadora de los españoles, es decir, de los españoles en España.

En esta revista, se ha tenido cuidado de dar a conocer empresas españolas de tecnología puntera, como INDRA, SENER, EADS CASA, ABENGOA, ANTOLÍN, etc. que operan en terrenos delicados, como aviónica, satélites, controles de comunicaciones, informática, telemática, etc. Empresas que no sólo se codean con las primeras del mundo, sino que hasta ejercen liderazgos entre ellas. Adelantándonos a configurar una perspectiva histórica, nos atreveríamos a decir que la Tecnología y la Innovación españolas (junto con la Ciencia en cierta medida) están en camino de salvación, pero no por la acción del Estado español. Y esto aun reconociendo que instituciones públicas como el CDTI o algunos Gobiernos autonómicos han sabido respaldar no pocas iniciativa. Pero es general en el empresariado español la convicción de que el Estado podría hacer mucho más por I+D empresarial en el terreno de la fiscalidad, de las inversiones de capital-riesgo, etc. así como en el fomento de la investigación básica en los centros públicos de I+D de la que en definitiva dependen para invenciones radicalmente nuevas.

Recientemente, el 24 de enero, tuvo lugar la presentación en la sede de COTEC del consorcio vasco TECNALIA, cuya ejecutoria y propósitos inmediatos deben dar origen a una seria reflexión. Tecnalia “representa el primer, y hasta ahora único, modelo de corporación tecnológica española en la que se integran una amplia variedad de centros tecnológicos muy especializados que le permiten disponer de una masa crítica investigadora capaz de acometer proyectos multidisciplinares y de dimensión internacional y dar respuesta a problemas tecnológicos de muy diversa naturaleza. En sus centros de investigación tiene una plantilla de 1.100 investigadores, o sea, la mitad del personal científico funcionario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Produce el 60 % de la investigación aplicada del País Vasco, y el 24 % de la española. Y el año pasado ha facturado 81,5 millones de euros casi todos por transferencia de tecnología a unas 3.500 empresas. Trabaja en 24 sedes propias, y 125 empresas y entidades forman parte de sus órganos de gobierno.

Tecnalia es el único representante del Estado español que ha sido aceptado en Eurotech, el “foro que reúne a las principales agrupaciones de I+D de Europa y que forman un grupo de alto nivel y capacidad a la hora de influir en las pautas de la política de Investigación Aplicada de la Unión Europea”. Así mismo es amplia su participación en el VI Programa Marco con 78 proyectos de investigación aprobados que la UE financiará con 18,5 millones de euros.

¿Por qué nos hacemos eco, en este artículo, de la presentación en Madrid de Tecnalia? Porque esta entidad es una realidad ejemplarizante de I+D que irrumpe con fuerza en el panorama español y tiene su origen en la acción del Gobierno de Euzkadi. Dicho en otras palabras: porque Tecnalia constituye un ejemplo de lo que se puede hacer desde la instancia pública en el impulso de I+D.

Tecnalia comienza a formarse en 2001 a partir de tres empresas privadas que venían contando con el aliento y la ayuda del Gobierno vasco: INASMET (materiales, procesos industriales y medio ambiente), LABEIN (construcción civil, energía, siderurgia, innovación en desarrollo) ROBOTIKER (sistemas electrónicos). En 2004, se une AZTI (oceanografía y medio ambiente marino, pesca y alimentación), ESI (ingeniería, productos, servicios y aplicaciones avanzadas de Software), y comienza la incorporación de LEIA (farmacología, ecoindustria, prevención de riesgos y salud laboral) y de NEIKER (ciencias agrícolas, ganaderas, forestales y del medio natural).

Estas empresas coordinadas por Tecnalia constituyen los centros de ejecución de los planes de investigación del consorcio. En ellas trabajan sus 1.100 investigadores que constituyen todo un sistema de ciencia, tecnología e innovación al servicio de 3.500 empresas que convierten en producto los hallazgos de I+D+I.

Hay dos aspectos en todo esto que merecen una especial atención, si comparamos con la política científica del Gobierno español:

1. Frente al Plan Nacional de I+D de este último, Tecnalia tiene planes en cuya elaboración intervienen las 120 empresas y entidades que están presentes en sus órganos de gobierno. Es por tanto como una movilización del empresariado para que piense y opte por lo que parece relevante para el presente y para el futuro. Por tanto, algo diferente de las Comisiones y Agencias que formulan en España el Plan Nacional de I+D, y en las que ha sido frecuente la intervención decisiva de un mandarinado político-académico.
2. Los evaluadores y financiadores de proyectos del Plan Nacional español tienen entre sus criterios el desechamiento de propuestas porque son de riesgo. Pues bien, en Tecnalia el riesgo no sólo tiene indicación favorable en general, sino que se plantean y financian expresamente proyectos de riesgo y con una ambición que rebasa las aspiraciones inmediatas de sus empresas. Quizá el ejemplo más expresivo de esto es su proyecto para el aprovechamiento de la energía maremotriz desde el interior del mar (no por la utilización de las mareas en estuarios, como ya se ha intentado en algunas naciones).

La influencia de Tecnalia se proyecta por España. En Chiclana, junto con empresarios andaluces, ha promovido un Centro Tecnológico de Turismo, Ocio y Calidad de Vida. Suministra tecnología en Francia, Bulgaria, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Méjico, Cuba, China y Australia a través de centros adheridos a la corporación. Y establece acuerdos con entidades académicas y de investigación como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad del País Vasco, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Católica de Chile.

Tecnalia es una corporación privada que en la actualidad vive de su esfuerzo y de la optimización de sus recursos, pero si existe y si ha tenido una expansión tan rápida y casi vertiginosa se debe al impulso inicial del Gobierno vasco que hasta ha proporcionado funcionarios propios para ocupar los máximos puestos directivos de la corporación.

Uno se pregunta qué va a pasar en España si los responsables políticos de nuestro país siguen pensando sotto voce que todavía es excesivo el dinero que dedica el Gobierno español al presupuesto de I+D, habida cuenta de la poco brillante ejecutoria de la comunidad científica española. ¿Saben qué es lo que está pasando en España en cerca de 2.000 empresas como las antes citadas? ¿Saben lo que va a tardar Cataluña en tener un peso específico especial en nuestra investigación tecnológica y hasta en nuestra investigación básica? ¿Saben por qué en esta revista hemos insistido tanto en la existencia de un sistema Ciencia-Tecnología nacional?