Introducción

España, décimo país en el mundo por PIB en 1999, ocupa el lugar 21 por Premios Nobel científicos,- uno, en Medicina y Fisiología, Santiago Ramón y Cajal, en 1906, hace casi cien años-, exequo con México, India, Egipto, Checoslovaquia, Finlandia, Portugal , Hungría, Israel e Irlanda. Argentina, tiene tres. Con cerca de un 2 % del PIB mundial, España solo ha conseguido el 0,2 % de los laureados Nobel. Es más, muerto Cela y tras esfumarse de momento la posibilidad de un Nobel de la Paz para el juez Garzón -merecido en mi opinión, y en un tema que entronca con nuestras aportaciones al Derecho Internacional en el XVI-, España carece por completo de Nobels. Una situación bien diferente que la de los países del G-7 al que España aspira, poseedores todos de varios Nobels, de riqueza económica y de riqueza científica en la terminología de May (1997).

Esta realidad- que puede calificarse sin exageración como desoladora y, lo que es casi peor, no ha encendido señal de alarma alguna- contrasta con la existente en el campo literario - cinco Premios Nobel-, o con la de otros campos artísticos en el siglo XX con máximo nivel de excelencia como la pintura (Picasso, Dalí, Miró), la arquitectura (Gaudí) o el cine (tres Oscar: Garci, Colomo y Almodóvar). Otro tanto podría decirse del deporte, tras el fuerte impulso de las Olimpíadas de Barcelona en 1992, precedidas de una fuerte inversión.

Aunque los Nobel científicos solo cubren la Medicina y Fisiología, la Física, la Química y la Economía, son sin duda el indicador de excelencia científica más valorado. Cuando un país tiene muchos Nobel en relación con su tamaño, va bien; cuando tiene pocos, su salud científica es delicada; cuando no tiene ninguno como España, su pronóstico es grave. Tomemos, pues, este hecho como un aviso y oportunidad para reflexionar sobre nuestros problemas en vez de esconder la cabeza bajo el ala como los avestruces ante el peligro. Puede argüirse que no deberían buscarse primariamente los Nobels sino la consecución de descubrimientos científicos que se materialicen en invenciones e innovaciones tecnológicas que aporten desarrollo

Esto es cierto. Lo que pasa es que la consecución de ese nivel de excelencia innovadora e inventora pasa hoy necesariamente por la consecución de la excelencia científica, tal y como muestra la correlación que más abajo se muestra entre volumen de inversión en I+D y laureados Nobel. En consecuencia, el éxito en los Nobel es indisociable del éxito económico e innovador de un país y puede ser tomado como índice del mimo, ya que la base radical del crecimiento económico -condición necesaria para el Desarrollo Sostenible- es el crecimiento sostenido de la productividad técnica, imposible de alcanzar sin investigación científica y tecnológica. No es casual, pues, que los países del G-7 sean los que acaparan la mayoría abrumadora de los Nobel.

El objetivo de esta investigación es indagar en los factores explicativos de la indeseable situación de España, que afecta a nuestra imagen internacional, tanto con la finalidad de entender el porqué como con la de proporcionar criterios que puedan ayudar a su superación, y por tanto al Desarrollo Sostenible del país. Para ello, se analiza primeramente a nivel mundial el papel de los diversos factores en la consecución de laureados Nobel. A continuación, se analiza comparativamente la Unión Europea de los 15 (UE-15), con los EE.UU. de América para pasar, con los criterios obtenidos de la investigación anterior, a analizar el problema español. Se proporcionan por último, en base a los resultados obtenidos, algunos criterios y sugerencias que pueden ayudar a ir superando el problema español y se esbozan los principales elementos que definen las perspectivas más probables.

El problema del desfase español, que viene de largo, originó la denominada “Polémica de la Ciencia Española”, activa al menos desde la publicación en la Enciclopedie francesa del XVIII de la voz Espagne hasta varias décadas después del discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Echegaray (premio Nobel de Literatura) en 1866, donde éste valoró crudamente nuestra escasa aportación histórica a la Matemática y las Ciencias Naturales , lo que originó una agria polémica con Menéndez y Pelayo. Con objeto de evitar entrar en juicios de valor carentes de soporte, de caer en lo que Bacon denominó idola tribu , un problema real cuando de comparaciones nacionales se trata como evidencia la “polémica” citada , se ha optado por analizar cuantitativamente correlaciones entre diversos datos con el número de laureados Nobel, utilizándose posteriormente esos resultados como base de interpretación.

A la hora de atribuir a un determinado país un laureado, se ha optado por un criterio operacional, el de la nacionalidad que tenía en el momento de la concesión. Este criterio, impide considerar a Severo Ochoa- autoexiliado en plena Guerra Civil como el vallisoletano Pío del Río Hortega, de prestigio mundial por el descubrimiento de la microglía en 1919-, como español, ya que estaba nacionalizado norteamericano en 1959, fecha de la concesión del Nobel por su síntesis del ARN, investigación realizada en EE.UU; de hecho, López Piñero y sus colaboradores, en su Diccionario biográfico sobre científicos españoles, no le incluyen.

Factores explicativos a escala mundial: premios Nobel y desarrollo económico

El proceso de descubrimiento que está en la base de cualquier Nobel científico es una realidad compleja que ha merecido análisis profundos y amplios en los últimos años (Simonton, 1988 ; Eysenck, 1995 ). Los vericuetos que sigue el proceso mental que realizan los que acabamos llamando genios, roza a menudo con el azar en sus fases resolutivas, aunque no en sus factores condicionantes y preparatorios. Los genios científicos, como prueba la Historia de la Ciencia, son personas que viven fundamentalmente entregadas a su trabajo, a veces de forma realmente obsesiva como en el caso de Newton, realizan numerosas publicaciones y frecuentemente llevan vidas sociales débiles o problemáticas ( Christianson, 1984; Hoffman, 1987; Simonton, 1988 ; Eysenck, 1995 ). Desde hace siglos, a diferencia de lo que ocurría en la invención hasta hace unos cien años (piénsese en Stephenson o Edison, autodidactas), los genios científicos son personas con formación universitaria y el máximo nivel de titulación académica, el doctorado, que pueden dedicarse plenamente a su trabajo y cuentan en general con medios auxiliares -humanos y materiales- que les planteen pocas restricciones para el avance de sus investigaciones. Esto implica inversión en investigación, a menudo de procedencia pública ya que las empresas invierten sobre todo en el campo de la invención, que acaba siempre protegida por patentes y sometida a restricciones de información a diferencia de los descubrimientos científicos, que se dan a conocer con rapidez a la comunidad investigadora, que hace de inmediato uso de los mismos materializado en forma de citas bibliográficas. El prestigio de un descubrimiento que acaba en un Nobel puede evaluarse de forma objetiva a través de dichas citas.

Partiendo de esta realidad, se ha analizado la correlación estadística entre citas en el Science Citation Index (SCI), que reúne las revistas más prestigiadas a nivel mundial, y laureados Nobel a nivel de los diferentes países. Como puede verse en la Figura 2, la correlación es muy estrecha: los países con más citas son los que consiguen más laureados. A su vez, las citas es de suponer estén en estrecha relación con las publicaciones de cada país en el SCI. Realizado este análisis, se ha visto sigue una ley lineal con r² =0,98 , lo que confirma la suposición.

Obviamente, la consecución de estas publicaciones en el SCI que alcanzan las más altas cotas de excelencia bibliográfica, representa una inversión del país, ya que a menudo representan el trabajo de todo un año o años de un equipo. Por ello, se ha analizado la correlación entre citas e inversión total de cada país en I+D (la inversión en investigación científica suele ser una fracción de la misma, generalmente alrededor de un tercio) con el resultado que puede verse en la Figura 3. Tal y como era esperable, la correlación es también muy estrecha, de acuerdo con lo señalado por May (1997) para el G-7. Por tanto, a más inversión en I+D, más citas.

Figura 2.-La concesión de Premios Nobel está fuertemente correlacionada con las citas que reciben las publicaciones de sus investigadores en el Science Citation Index.

En base a lo anterior, resulta también esperable que haya una correlación directa entre inversión en I+D y laureados Nobel. La Figura 4 confirma esta suposición. Por tanto, la consecución de laureados Nobel está en relación directa y muy estrecha con el esfuerzo inversor del país en I+D, lo que explica a nivel mundial la distribución entre países de los laureados.

La cadena causal es la siguiente: gana el Nobel quien, al realizar aportaciones importantes, es muy citado internacionalmente, entra en el recinto de la fama científica. Las probabilidades de que un país consiga esto, están en relación directa con su producción de publicaciones ya que al proporcionar una base selectiva mayor las probabilidades de aportaciones clave son mayores. La producción de publicaciones, a su vez, está directamente relacionada con el esfuerzo inversor en I+D en términos absolutos. En definitiva, aquí, la cantidad, por un proceso selectivo y probabilístico realcionado con el propio proceso de descubrimiento expuesto por Simonton, acaba transformándose en calidad.

Figura 3.-La consecución de citas, muy estrechamente relacionada con las publicaciones científicas realizadas, al ser consecuencia de la inversión total en I+D por país, está a su vez también estrechamente relacionada con ésta.

La claridad de las correlaciones, que explican la casi totalidad de la varianza observada, deja sin margen a explicaciones biologistas del tipo de supuestas superioridades raciales, a menudo esgrimidas explícita o implícitamente acerca de las denominadas “razas” latinas. Países europeo-atlánticos con limitada inversión como Irlanda o Islandia, no salen mucho mejor parados que los españoles, teniendo menos Nobels que Argentina, potencia económica mundial en 1935-1955, que cuenta con tres.

Figura 4.- A consecuencia de las correlaciones anteriores, la consecución de Premios Nobel está estrechamente relacionada con el volumen de inversión del país en I+D. Por tanto, mejorar el volumen de inversión en I+D es condición necesaria para conseguir Premios Nobel.

Hubiera bastado simplemente con recordar el nulo papel en el progreso científico en la Antigüedad de los países europeo-atlánticos, entonces en estado de barbarie y con economías mucho menos prósperas que las mediterráneas, hecho que probablemente, hoy como ayer, bastaba para explicar en lo sustancial el porqué de su falta de aportación . Otro tanto puede decirse de las pseudoexplicaciones psicologistas que han buscado en las peculiaridades de supuestos “caracteres” nacionales el porqué de las diferencias. Han sido las realidades económicas -a menudo estrechamente relacionadas antes de la segunda mitad del siglo XX, cuando la mayor parte de la población vivía de la agricultura, con el factor geográfico, especialmente clima , orografía , recursos y situación geopolítica tal y como he sostenido acerca del porqué del retraso económico español recientemente (Ayala-Carcedo, 1997) y antes sostuvieron Lucas Mallada o Ramón y Cajal entre otros - y las necesidades que de la economía se derivaban las que explican las diferencias. La sospecha de esta clave explicativa central, económica, resultaba muy fuerte en la medida en que los países y bloques supranacionales más potentes en lo económico son los que han acumulado la inmensa mayor parte de los laureados. De hecho ya nuestro único Nobel científico, Cajal, en su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias, dijo en 1897 que “El poderío militar y político y la prosperidad intelectual e industrial suelen ser cosas solidarias, como ramas brotadas del mismo tronco”. El curso posterior de los Nobel le ha dado plenamente la razón.

Esta misma realidad se pone de manifiesto cuando se analizan comparativamente los laureados de la UE-15 y EE.UU. a lo largo del siglo XX, tal y como puede verse en la Figura 5. Se ve claramente p.e. como el despegue norteamericano en Nobels se produce- tras un período de crecimiento previo favorecido por la Primera Guerra Mundial (1914-1918)- después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que arruinaría a Europa. Realidades económicas, pues, en la base de cualquier explicación racional. Simplemente, en 1999 EE.UU. dedicó a I+D 233 mil millones de dólares frente a algo más de 158 mil la UE-15. Esta “ocupación” norteamericana de los Nobel en la postguerra mundial es una de las claves para entender la paradoja española con estos premios, a saber, que Cajal lo consiguió cuando España tenía menor desarrollo, y después, ya país desarrollado, no se ha vuelto a conseguir. La otra estriba en el hecho de que el campo histológico era por entonces un territorio en parte ignoto en el que un trabajo sistemático individual ayudado por medios y técnicas de tinción relativamente simples, como las cajalianas o las de Achúcarro empleadas por del Río Hortega, podía proporcionar resultados relevantes.

Cabe preguntarse acerca del porqué de estos diferentes esfuerzos inversores. Observando que cuanto menor es el PIB / hb de un país, menor es la parte de su PIB que dedica a I+D, se ha procedido al análisis de esta correlación, que puede verse en la Figura 6. Aunque solo explica el 60 % de la varianza observada, resulta suficientemente significativa a nivel estadístico. La UE-15 tenía en 1999 un PIB / hb medio de 22.160 US$ frente a 31.910 de los EE.UU. Si se calcula, de acuerdo con dicha correlación, el esfuerzo inversor que sería esperable según esos PIB / hb a partir de la correlación estadística obtenida, se deduce que en la UE-15 el esfuerzo inversor debería ser del 1,94 % del PIB, 166,68 mil millones de US$ / año, frente al 3,01 % para EE.UU., 267,25 miles de millones de US$ / año. En realidad, la UE-15 dedica solo en los países con laureados 157,53 miles de millones, el 95 % de lo esperable, frente al 87 % en EE.UU. Por tanto, no existe otra razón sustancial para el desfase europeo en laureados Nobel , muy claro en las últimas tres décadas, que el menor grado de desarrollo de la UE-15 que de EE.UU.

Figura 5.-El fuerte crecimiento y despegue de Premios Nobel en EE.UU. y el declive en la UE-15, especialmente claro en los últimos treinta años, tienen claves fundamentalmente económicas: el retraso europeo por las dos Guerras Mundiales y el mayor crecimiento norteamericano.

Solo en la medida en que la UE-15 crezca económicamente más que EE.UU. recuperará cuotas en laureados, algo difícil habida cuenta de la falta de cierre de la brecha con EE.UU., del despegue japonés en publicaciones y citas y el fuerte crecimiento de China, para algunos la principal economía en 30 años.

La correlación de la Figura 6 parece revelar una creciente dependencia del desarrollo económico, a medida que la renta per capita aumenta, respecto a la I+D, un proceso exactamente inverso al seguido por España en el período 1990-2000, lo que yo he llamado la década perdida, en que el crecimiento económico ha ido acompañado de un ligero declive del esfuerzo inversor en I+D en términos de PIB , el 0,9 % aproximadamente.

Figura 6.- A medida que crece el PIB per capita, crece el % del PIB invertido en I+D. Según su posición en el gráfico, por encima o por debajo de la línea de regresión, los países se clasifican en altamente inversores-caso de Suecia, Finlandia o Israel -, o poco inversores, caso de España e Italia. Los países altamente inversores, en general obtienen más Premios Nobel y son más competitivos económicamente a nivel internacional. Esta correlación, permite el establecimiento racional del esfuerzo inversor esperable para un país.

Lo mismo sucede a nivel de países de la UE-15. Los países que más inversiones realizan, Alemania, Francia y Reino Unido, que acumulaban el 67 % del esfuerzo inversor en I+D en 1999, consiguieron el 65 % de los laureados de los últimos treinta años. Ello no obsta, sin embargo, para constatar notables diferencias en cuanto a la eficiencia de dichas inversiones a la hora de transformarlas en laureados; así, al Reino Unido, cada laureado le cuesta poco más de un cuarto que a Francia o algo más de un tercio que a Alemania. Quizá la facilidad del lenguaje para el Reino Unido, cuya lengua se identifica con la lingua franca científica, traducido en casi el mismo número de publicaciones en el SCI que Alemania y Francia, tenga no poco que ver. Una sospecha que se refuerza al constatar que varios países pequeños-medios de la UE como Holanda, Suecia o Dinamarca, con población universitaria completamente bilingüe desde hace mucho por la mayor necesidad de una lingua franca , mucho mayor que en países con idiomas más extendidos, tienen ratios de eficiencia similares al británico. Y también al constatar que antes de 1950, cuando tanto el alemán como el francés eran linguas francas científicas, Alemania y Francia tuvieron 38 y 16 laureados respectivamente, frente a 33 y 17 respectivamente tras 1950, ya con el inglés hegemónico, mientras el Reino Unido, que tuvo 30 antes de 1950, consiguió 46 después. Una razón que puede estar también en la base- además de la clave económica, central, expuesta más arriba-, de la mayor eficiencia de conversión de inversiones en laureados en el caso de EE.UU. en comparación con la UE-15, solo ligeramente inferior a la británica y el doble que la alemana. Razón que, de forma opuesta, puede explicar la escasa eficiencia histórica de Japón en este campo, ya que con un esfuerzo inversor en 1999 de 113,5 miles de millones de US$, casi la mitad del norteamericano, y un PIB / hb ligeramente superior, su nivel de laureados los últimos treinta años solo es el 4 % del de EE.UU. , una brecha que están cerrando con rapidez a nivel de citas en el SCI después de fijarlo como prioridad nacional.

Por tanto, la exigencia de dominio del inglés para todo el personal investigador de organismos o universidades, parece una conclusión obligada si quiere accederse a mayores niveles de excelencia internacionalmente reconocida.

El caso español: un problema de desarrollo retrasado

España ha contribuido a lo largo de su historia con el 1,5 % de los autores recogidos en las principales Historias de la Ciencia hasta 1960, siendo mayor su contribución hasta 1800, el 2,2 % y alcanzando su máxima aportación relativa, el 4 % , en el siglo XVI, el siglo en que España alcanzó su máximo esplendor económico y político en términos comparativos gracias a la explotación de los recursos de la América española y el declive europeo por la Guerra de los Cien Años y la Peste Negra de 1340 (Ayala-Carcedo, 2001). Ya Vernet había constatado en 1975 la escasa presencia de citas a españoles después del XVI.

En lo que respecta a la temática de los Nobel, España ha tenido una aportación digna en el campo de la Medicina y Fisiología (p.e. Servet, Daza Valdés, Ferrán y, por supuesto Cajal ) y Química (descubrimiento del platino, volframio y vanadio por españoles antes de 1802), siendo de escasa relevancia y entidad su aportación física y matemática. No es casual que el único Nobel, Ramón y Cajal, fuera el fruto de una escuela histológica y no una flor que crece en el desierto (López Piñero, 1985; Calvo Roy, 1999 ). La falta de continuidad en el campo de la Química, está sin duda relacionada con el retraso español durante la primera Revolución Industrial -que solo consiguió el establecimiento de dos islas industriales, Cataluña y País Vasco-, un retraso constatable (Nadal, 1975) a pesar de la oportunidad, perdida por el dominio económico extranjero, que representó para la Química mineral en España la más importante minería metálica europea en el XIX y la primera mitad del XX.

El retraso relativo de los países mediterráneos en el XIX, arrastrado ya desde el XVII con claridad, hunde muchas de sus raíces en un factor geográfico comparativamente adverso respecto al de la Europa Atlántica: agricultura de secano menos productiva por la menor pluviometría (España e Italia meridional) o la falta de tierra laborable por la orografía (Italia central); en el carácter periférico respecto al centro de gravedad europeo; en el aislamiento por razones orográficas del interior y la periferia y los elevados costes de transporte (España); por último, en la falta de carbones en la cuenca mediterránea (Italia) (Ayala-Carcedo, 1997).

Tras más de un siglo de lenta preparación, el efecto de arrastre del fuerte desarrollo europeo tras 1945 (turismo, remesas de la emigración, inversión extranjera), hizo que España, en la década de 1960, durante el franquismo, materializara el despegue económico.

Un análisis más fino de los factores que buscamos, especialmente en el siglo XX, debe sin embargo estudiar comparativamente la evolución con Italia, un país con el cual la diferencia de desarrollo e integración europea era pequeña antes de 1930 y que con un PIB en 1999 el doble que el español (su población es aproximadamente el 50 % superior), ha conseguido tres Nobels científicos tras la Segunda Guerra Mundial mientras España no ha conseguido ninguno . Historiadores económicos como Carreras (1984 ), han concluido que el pobre balance del período 1936-1950, el primer franquismo, es “El único que puede explicar satisfactoriamente el atraso industrial de España”. En realidad, la influencia del franquismo, alzado mediante una guerra civil que supuso una caída del PIB del 30 %, es más amplia y negativa en términos económicos y científicos. Mientras la Italia democrática de postguerra recibía la ayuda del Plan Marshall y se integraba en la CEE en 1957, España, cuyo régimen dictatorial había ayudado activamente al Eje durante la Segunda Guerra Mundial, quedaba marginada y aislada -sumida en la autarquía económica- del benéfico efecto de la integración europea, que permitió a Italia el despegue económico una década antes. Solo en 1986, casi treinta años después que Italia, tras una Transición Democrática que al aunar crisis política y económica nos costó diez años de crisis económica frente a cuatro en el resto de Europa tras el choque petrolero de 1973, España ingresaría en la CEE. Esto ha supuesto, gracias a los fondos de cohesión y agrarios, un ingreso neto para España de casi el 1,5 % del PIB, principal factor explicativo del mejor comportamiento económico de España en los últimos quince años frente a la CEE, y no ajeno al fuerte incremento que los presupuestos de I+D experimentaron en el período 1986-1990, en que casi se doblaron en porcentaje del PIB. Aparte del fuerte condicionamiento económico que tal como veíamos arriba tienen las inversiones en I+D, el franquismo tuvo otros tres efectos claramente negativos sobre la investigación científica. El primero fue el voluminoso exilio intelectual que provocó la Guerra Civil, entre cuyos frutos está p.e. el Nobel científico Severo Ochoa, fructificado en EE.UU. El segundo, el aislamiento de la comunidad científica durante unos veinte años y el deficiente dominio del inglés que caracterizó a una parte sustancial de los investigadores durante el franquismo y les aisló de las citas bibliográficas internacionales, cruciales como antes veíamos para la obtención de laureados Nobel. El tercero, la falta de acceso a los fondos europeos para la investigación. No es extraño, pues, que en 1967 España estuviera en el lugar treinta y dos en el ranking científico por número de autores (De Solla Price, 1970). Simplemente, el franquismo produjo un atraso suplementario del país de unos veinte años en años decisivos. Su principal aportación –construida sobre la Junta de Ampliación de Estudios y nacida inicialmente de la voluntad de control ideológico de la comunidad científica para hacer “ciencia católica” según Ibáñez Martín, ministro del régimen tras la guerra- fue el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que, en mi opinión, adecuadamente remozado, debería desempeñar un papel clave en la coordinación del sistema público de I+D.

En consecuencia, tanto por sus efectos económicos como estrictamente científicos, el franquismo es el principal factor diferencial que explica el retraso científico español frente a Italia, en definitiva un problema de desarrollo retrasado. Su efecto es que España carezca de premios Nobel ya que en un contexto evolutivo similar al italiano, aun a pesar de la menor demografía, de acuerdo con las correlaciones expuestas debería haber contado con uno o dos laureados Nobel tras 1945. A esta causa principal, debería añadírsele, como responsabilidad ya de los gobiernos democráticos y especialmente de los empresarios, lo sucedido en la “década perdida” 1991-2000: el estancamiento del esfuerzo inversor en I+D relativo al PIB, una tendencia que parece haber roto por el momento la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ya que en 2001 la inversión ha sido del 0,97 % del PIB frente al 0,85 % de 1990 y el 0,83 % de 1996. No obstante, ese aparente logro macroeconómico, según han denunciado numerosos colectivos de investigadores, parece haber venido más de la inclusión de proyectos tecnológicos militares que de una mayor financiación de la investigación científica o empresarial. Algo que debe señalarse es que una mayor potenciación de la investigación científica debería potenciar también las ciencias humanas, las grandes olvidadas, en cuyo seno ha producido España algunas de sus aportaciones principales a la cultura universal.

Una pregunta sin duda pertinente es el porqué del diferente éxito español en los Nobel científicos y literarios. Podemos enfocar el problema desde los ámbitos productivo y de difusión. A nivel productivo, y a diferencia de la investigación científica y tecnológica, consumidoras de recursos económicos sustanciales y necesitadas de apoyos directos en forma de personal auxiliar, laboratorios, materiales etc., la Literatura, como otras Artes del tipo de la Pintura o Escultura, son en lo esencial producto del trabajo individual de los creadores, no de un trabajo colectivo con base económica como la investigación; por tanto, más accesibles para cualquier creador de cualquier país. A nivel de difusión y ámbito de generación de citas elogiosas entre los especialistas y críticos que puedan acumular masa crítica suficiente para un Nobel, la Literatura tiene su ámbito natural en el idioma, verdadera patria común de cada cultura. En el caso español, el castellano es la segunda lengua por número de hablantes en el hemisferio occidental, tras el inglés; un ámbito favorable para posibilitar Nobels. Como así ha sido.

Perspectivas y criterios para una Política Científica Racional y Viable

En los últimos quince años, España ha mejorado sustancialmente sus indicadores bibliográficos internacionales de producción científica hasta situarse en cuotas similares al de su peso en el PIB mundial, un 2,44 % de las publicaciones en el SCI en 2002 (MICYT, 2002). Este hecho ha sido el resultado, esperable de acuerdo con las correlaciones mostradas, tanto del aumento del ratio del PIB invertido en I+D como del crecimiento económico del país, mayor que el del resto de la UE gracias a un ingreso neto procedente de la misma de casi el 1,5 % del PIB y a diversas reformas estructurales acometidas a lo largo de los últimos veinticinco años por los sucesivos gobiernos democráticos.

Aunque esto no se ha traducido en ningún laureado Nobel, la evolución apunta en la dirección correcta. Por tanto, debería proseguirse en esta línea. Con el actual volumen de inversión anual en I+D, España está por delante de países como Dinamarca (4 laureados en los últimos treinta años ), Austria (1 ), Finlandia ( 1), Bélgica (3 ) y Noruega (1).

Debe señalarse, no obstante, que tal y como puede verse en la Figura 7, la productividad en publicaciones en el SCI por investigador y año del sistema público (Gobierno + Universidades), mayor que la media de la UE, ha caído desde 1997 (0,53) hasta 2000 (0,43) en casi un 20 %. Esto sugiere probables problemas de falta de estímulo económico y/o a la hora de la promoción, así como posibles problemas de organización y/o asignación de fondos. La introducción de los sexenios de investigación en la universidad y el CSIC, un estímulo económico a la productividad científica, positiva, quizá debería ser objeto de revisión en el sentido de aumentar sustancialmente su cuantía. Probablemente, un mayor estímulo económico individual a las publicaciones junto a una potenciación de los grupos de investigación-célula orgánica fundamental en el sector I+D- junto a una asignación de fondos y nuevos investigadores a los mismos que garantice a la vez una cantidad mínima, una financiación y cuota base de nuevos investigadores en función del número de miembros, más una financiación y cuota de nuevos investigadores variable función del número de publicaciones, ayudaría a potenciar los resultados en términos de publicaciones y a una mayor eficiencia en el empleo de recursos públicos.

Un problema existente es el de la falta de condiciones homólogas en términos de estímulo económico entre los investigadores de OPIs y el profesorado universitario. Si alguien planteara que un investigador o grupo de investigación del CSIC pudiera incorporar a su sueldo una parte sustancial, pongamos el 50 %, de los contratos externos que consiguiera realizando el trabajo correspondiente en su horario en el centro, trabajo por el que los contribuyentes le pagan ya su sueldo, su propuesta sería probablemente rechazada por inmoral. Esto es, sin embargo, lo que sucede en la universidad en contratos para empresas u órganos de la administración-entre ellos algunos OPIs con presupuesto de inversiones-en los que el trabajo de los profesores-investigadores es valorado a precios de mercado de consultora, tras quedarse la universidad -generalmente a través de alguna fundación- con un porcentaje minoritario del contrato para gastos generales. Un investigador de un OPI que consigue un contrato a costos íntegros de la UE, ingresa en su totalidad el importe en su organismo; en una universidad, una parte sustancial ingresa en el bolsillo de los profesores. Una situación que todos los investigadores y funcionarios de OPIs rechazan y es fuente de desmotivación. Sucede además que una parte sustancial de estos contratos son meras actividades de consultoría en las que se practica a menudo competencia desleal con las empresas consultoras que pagan sus impuestos y además crean empleo. Para atajar esta situación, creo que las Administraciones Públicas solo deberían contratar servicios expertos universitarios en condiciones de costes marginales como se hace en proyectos del Plan Nacional de I+D; es decir, financiar únicamente gastos directos originados por el proyecto: viajes, congresos, publicaciones, instrumentación, material inventariable y fungible y contratación de becarios para el proyecto, pero nunca remuneración de profesores que cuentan ya con su propio sueldo.

Este tema plantea también cual debe ser la función pública en el campo de la I+D, que en mi opinión debería regirse por el Principio de Subsidiariedad: el Estado solo debe hacer aquello que la iniciativa privada no pueda hacer o no haga. En este caso, la investigación básica, científica, y el apoyo con grandes laboratorios o equipos, así como tareas de difusión y transferencia científico- técnica, regulación y, con las empresas, proyectos-piloto. La investigación e innovación tecnológicas deberían ser dominio empresarial salvo temas de alta seguridad o especial envergadura, porque el Estado nunca puede sustituir en esto a la empresa. Por tanto, existiendo como existe un nutrido sector de consultoría, ni Universidades ni OPIs deberían entrar en el campo de las aplicaciones o la asistencia técnica más allá de los proyectos- piloto..

Figura 7.-El número de publicaciones españolas al año en revistas científicas del Science Citation Index es función del Número de investigadores del sistema público de I+D, habiendo decrecido desde 1998 la productividad científica de nuestros investigadores, probablemente en respuesta a la falta de incentivos económicos adecuados a la publicación.

En este sentido, universidades y OPIs deberían contar con un órgano tipo Comité Científico que examinara el carácter investigador de los posibles contratos antes de su admisión. En esta línea, el planteamiento sin estos contrapesos de la tasa de autofinanciación como indicador de excelencia de los OPIs o universidades, constituye una desnaturalización de la función pública en este campo, que no es de carácter administrativo-financiero , sino de producción de nuevo conocimiento.

Por otra parte, España, como Italia o Noruega, está por debajo de la tasa inversora en función del PIB que le correspondería por PIB / hb. Un esfuerzo más acorde con lo esperable de acuerdo con las tendencias mundiales, sería razonable y positivo.

El establecimiento de un horizonte racional y viable de crecimiento acorde con la dimensión económica del país más allá de arbitrismos bienintencionados que suelen acabar en el nutrido cementerio de las buenas intenciones, puede calcularse de acuerdo con la correlación expuesta en la Figura 6 .

Si España se situara en la línea media de regresión mundial, en lo esperable de acuerdo con nuestra realidad económica, debería haber tenido en 1999, último año con datos globales a nivel mundial, un sector I+D del 1,31 % del PIB; en realidad, tuvo el 0,89 % (MICYT, 2002). Suponiendo una tasa media anual de crecimiento del PIB del 3 % y un período de 10 años para alcanzar la cuota de esfuerzo inversor esperable correspondiente al PIB dentro de 10 años, un 1,69 % del PIB, –similar al actual de Noruega o Canadá-, se ve que sería necesario que la cuota inversora en euros deflactados con la inflación debería crecer durante 10 años seguidos al 6,6 % real anual por encima del crecimiento anual medio estimado del PIB, el 3 %, unos 350 millones de euros anuales suplementarios, unos 60.000 millones de pesetas hoy.

El problema económico es como sacar ese dinero, ya que las perspectivas de crecimiento económico en la primera década del siglo XXI no son buenas como se verá.

Ante todo, hay que decir que junto a la consecución del volumen de inversión necesario, debería alcanzarse también en ese período de 10 años la estructura adecuada de reparto de la misma entre el sector público y el empresarial, protagonista central de la investigación e innovación tecnológica frente al protagonismo público en la investigación científica. La media de la UE en 1999 fue de 1,85 % del PIB, 1,20 % a cargo de las empresas (65 %) y 0,65 % a cargo del sector público (35 %). En España, fue del 0,89 %, 0,46 % a cargo de las empresas (52 % ) y 0,43 % a cargo del sector público (48 %). Por tanto, las empresas deberían comprometerse a elevar anualmente su participación en la financiación en un 9,1 % para conseguir la convergencia en cuanto a cuota más el 6,6 % citado, algo que a la vista de lo conocido resulta poco probable, a pesar de la reciente queja de la CEOE en octubre a través de un informe sobre el papel del “desfase tecnológico” en la “pérdida de competitividad de las empresas españolas en el exterior” que se habría empezado a producir en 1998, ya que desde entonces la cuota española en el mercado mundial se habría reducido del 2 % al 1,8 % . Esta queja se acompaña, como es habitual, de una petición al Gobierno de ayudas fiscales.

Por lo que sabemos, el peso de la I+D en la inversión empresarial está directamente ligado al carácter exportador y a la apertura de los sectores a la competencia internacional. No son las grandes empresas, especialmente las que viven del cobro de recibos, a menudo en régimen de cuasimonopolio u oligopolio debido a la insuficiente liberalización real en sectores antes monopólicos como las telecomunicaciones u oligopólicos como la energía, las que más esfuerzo investigador e innovador hacen, sino las PYMES exportadoras. Por tanto, una mayor profundización en la liberalización y apertura a la competencia externa se traduciría en un mayor esfuerzo inversor medio en I+D. No es de recibo en este sentido que las empresas cuenten tan solo con el 24,6 % de los investigadores (MICYT, 2002). Una parte del dinero podría ir, sin duda, vía estímulos fiscales, a promover una mayor cultura investigadora en las empresas a cambio de compromisos de inversión en I+D con garantía jurídica, pero no pocas deberían hacer autocrítica, ya que en alguna medida , por su excesiva avidez de beneficios y su inmediatismo, son corresponsables de la pérdida de competitividad debida a la mayor inflación española frente a la media de la UE, que ya no puede enjugarse con devaluaciones tras la introducción del euro . En el mismo sentido va la caída de inversión en el sector industrial de los últimos años, de bonanza económica, inversión dirigida a la especulación inmobiliaria e Iberoamérica, clave en la caída de productividad y competitividad. Personalmente, a la vista de la experiencia histórica, dudo que el sector empresarial español en su conjunto sea capaz de asumir sus obligaciones en un proceso de convergencia científica y tecnológica a diez años.

Dadas las perspectivas económicas existentes, el rechazo ciudadano a las subidas de impuestos y con la necesidad de colocar el déficit público en el entorno del 0 %, no hay otra vía de consecución del dinero necesario que la mejor administración del dinero público –algo tan importante al menos como la consecución de cuentas equilibradas-, a través de la supresión de bolsas de gastos por encima de las previsiones, de desviaciones presupuestarias. Creo que en España la principal fuente de desviaciones presupuestarias, hoy como ayer, es la obra pública, un sector anclado estructuralmente en la “cultura del reformado”, acostumbrado a reajustes al alza sustanciosos de los presupuestos originales que en algunos casos se multiplican por tres. Esto es revelador de una incompetencia inadmisible a comienzos del siglo XXI o de hábitos inconfesables que demasiado frecuentemente saltan a la Prensa, y a menudo fuente de suculentos negocios para los listos , esa fauna tan española que pulula alrededor de los presupuestos públicos y a costa del bolsillo de los contribuyentes. La introducción de una reforma en la legislación existente que impida a los autores y directores de proyectos de obras públicas e infraestructuras- so pena de las sanciones correspondientes por su incompetencia- sobrepasar un margen máximo de reformado razonable, similar al tolerado en el sector privado, creo basta y sobra para obtener éste y otros dineros necesarios para la modernización del país. Igualmente, la introducción de auditorías técnicas previas a la aprobación de proyectos y tras su finalización, ayudaría a contener las desviaciones presupuestarias.

Otra vía de ahorro, tal y como se propuso más arriba, es la asimilación del régimen de estímulos en las universidades ante contratos externos y proyectos con financiación pública al de los OPIs y el Plan Nacional de I+D: costos marginales.

Un esfuerzo sostenido de este calibre durante diez años, difícilmente se alcanzará sin un Pacto por la Ciencia en el que se comprometieran al menos Gobierno Español y Autonomías, Partidos Políticos, Organizaciones Sindicales y Patronales, Media, Cajas de Ahorros-que deberían jugar un papel importante en la financiación- y una representación de la investigación española a través de las Sociedades Científicas-principales instituciones que representan a la investigación activa- adecuadamente vertebradas a través de la Confederación Española de Sociedades Científicas, en proceso constituyente en la actualidad . Los empresarios, por el enorme retraso en su cuota de participación global, tienen en buena medida la pelota en su tejado. Un Pacto tal, probablemente debería ser impulsado desde el Parlamento y trasladado a la opinión pública para que se debatiera democráticamente con el correspondiente apoyo mediático permanente, e ir acompañado de un Libro Blanco de la Investigación en España que radiografiara, diagnosticara y propusiera la terapia correspondiente.

Obviamente, ese esfuerzo inversor debería ir acompañado por las correspondientes medidas consensuadas de reforma de la I+D pública –OPIs y Universidades- a nivel central y autonómico, especialmente en la coordinación e incluso integración, de los grupos de investigación e instituciones y el establecimiento de estímulos a la productividad científica en la vía antes señalada, así como de la articulación, también en base a la productividad, de la promoción y carrera investigadora, quizá a través de un Estatuto del Investigador. El conjunto de reformas estructurales a nivel institucional, debería guiarse por el objetivo de conseguir introducir una cuota adicional de eficiencia investigadora de acuerdo con lo comentado más arriba, eficiencia que ayude a rentabilizar al máximo la inversión en términos de citas, publicaciones , patentes y premios.

Un aspecto relevante es el de la interrelación entre el sistema educativo en sus diversos niveles y el tema que nos ocupa, tema analizado por Pico Marín (2002) que ha denunciado, entre otras cosas, la falta de preparación experimental, de laboratorio, de la enseñanza que se imparte en España, cosa en la que estoy completamente de acuerdo en lo relativo a no pocas Escuelas Técnicas Superiores, con dotaciones similares a las de hace más de treinta años cuando yo era estudiante de Ingeniería. En España, en 1999, las universidades ejecutaban el 0,27 % del PIB dedicado a I+D frente al 0,15 % del sector gubernamental, y tenían el 55 % de los investigadores en EDP (Equivalentes de Dedicación Completa ) frente al 19, 4 % del sector gubernamental y el 24,6 % las empresas (MICYT, 2002). Es obvio a partir de estas cifras que la actual distribución de investigadores en dos ministerios, Ciencia y Tecnología y Educación y Cultura, no beneficia la sinergia ni la eficiencia investigadora, y cualquier racionalización del sector a futuro debería contemplar esto . Por otra parte, resulta razonable pensar que alguna relación debe existir entre la inversión en educación universitaria de un país –ya que la investigación la hacen universitarios- y sus logros en cuanto a laureados Nobel. Analizado el tema cuantitativamente en la UE de acuerdo con los datos de 1999 contemplados en el informe de 2002 de la OCDE, puede verse en la Figura 8 que, efectivamente, el número de laureados Nobel está directamente relacionado con el esfuerzo del país en educación universitaria y, que en esto, se halla uno de los problemas estructurales de España, ya que invertimos el 0,9 % del PIB frente a una media en la UE del 1,4 %. Por otra parte, la educación universitaria, desde el punto de vista del logro de una alta eficiencia investigadora –y por supuesto desde el del progreso social y los derechos constitucionales-, debe dar igualdad de oportunidades, a través de becas, para que todos los talentos puedan estudiar, para que la base selectiva cara al logro de descubrimientos e invenciones sea lo más amplia posible. No es este el caso de España, ya que según la OCDE solo se dedica el 0,08 % del PIB a becas universitarias –el puesto 14 en la UE- frente a una media del 0,26 % del PIB en la UE. Aquí, la falta de igualdad de oportunidades para los más desfavorecidos se traduce en falta de eficiencia del sistema de I+D. España, pues, tiene un problema muy real de desfase de inversiones en educación universitaria respecto a la OCDE que influye negativamente sobre la I+D.

En cuanto a la educación primaria y secundaria el esfuerzo realizado por el país ha sido mayor, especialmente a partir de la LOGSE y se invirtió en 1999 por alumno un 86 % de la media de la OCDE en primaria y un 94 % en secundaria frente a un 62 % en educación universitaria. Aquí, por tanto, garantizada razonablemente la igualdad de oportunidades a nivel macroeconómico, lo que debe hacerse es un esfuerzo para garantizar la igualdad a nivel real, en la calidad entre escuela pública-la obligación intransferible de los poderes públicos-, y escuela privada, y un esfuerzo de racionalización, a más de impedir cualquier intento de exclusión clasista por parte de la escuela privada -contrario a la ampliación de base selectiva y por tanto a los logros del país en I+D- como los muchos que se vienen denunciando en la Prensa, escuela que por estar mayoritariamente en manos de la Iglesia católica, predicadora de igualdad y financiada por todos, resulta más imperdonable. Cabe preguntarse en este sentido desde el punto de vista de la eficiencia investigadora y la Historia de la Ciencia si el establecimiento de los itinerarios en secundaria que prevé la Ley Orgánica de Calidad en la Educación (LOCE), que clasifican en edades relativamente tempranas las trayectorias que han de seguir los estudiantes, es un buen procedimiento. Sin entrar en mayores profundidades, el mero examen de las biografías de eminentes científicos como Cajal, Newton o Einstein, revela que con gran probabilidad ninguno de los tres , si hubieran estado sometidos a itinerarios tempranamente , hubiera recibido educación universitaria y nos hubiéramos visto privados de sus aportaciones (Christianson, 1984; Hoffman, 1987; López Piñero, 1987; Calvo Roy, 1999). El ya citado catedrático Pico Marín, aboga por “Retrasar la especialización en lo posible (...) Se trata de que todos reciban una formación básica en conocimientos y capacidades, y de suficiente nivel para afrontar estudios superiores o para desenvolverse en el cambiante mundo laboral”. Un tema para reflexionar acerca de si vamos en la dirección correcta. Los caminos del genio y el descubrimiento, no se sujetan a criterios administrativos. Esta misma ley, que va a nacer rodeada de intensa polémica y amplio rechazo, sin embargo, tiene un elemento positivo en la introducción en edades más tempranas del idioma extranjero.

Un elemento clave de racionalización, tanto en el sector educativo universitario como en el de I+D, debe ser la Evaluación externa de resultados de investigadores, grupos de investigación y centros con objeto de realizar una asignación eficiente de recursos presupuestarios y humanos. Debe tenerse en mente que en muchas universidades y OPIs, la mitad de los profesores e investigadores no publica nada. En esto (basta examinar algunos de los OPIs del MICYT, carentes de grupos de investigación y donde la distribución de complementos de productividad prima el trabajo administrativo sin tener en cuenta para nada la productividad científica, para comprobarlo) hay mucho que hacer y sería deseable se procediera a estructurar el sistema de evaluación-que en mi opinión debería pasar por una Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva reforzada- y a evaluar cuanto antes.

Una de las reformas institucionales pendientes es la de arbitrar procedimientos para valorar el doctorado, máximo nivel de titulación académica y entrenamiento clave para la investigación, en todo el cuerpo social. Aunque pueda resultar increíble, en un OPI del propio MICYT, en 2002, se han convocado concursos para provisión de puestos de trabajo de investigadores, previamente a la constitución de la escala de investigadores titulares, sin que se valorara tan siquiera la posesión del doctorado. Con este ejemplo, difícilmente puede pedirse a las empresas que incorporen doctores. Una de las diferencias entre las empresas españolas y las de los países más desarrollados, es el valor que las extranjeras dan a la presencia de doctores en todos sus niveles. Así que primero el MICYT y después todas las Administraciones españolas en lo tocante a sus cuerpos, plantillas y escalas técnicas o facultativas, sería muy conveniente valoraran el doctorado en los baremos de los concursos y concursos-oposiciones e incorporaran becarios fundamentalmente para hacer tesis doctorales. La elevación del número de doctores en las administraciones, por reflejo, obligaría a las empresas a valorarlo también, en primer lugar para estar a la altura de sus interlocutores públicos. Esto, que económicamente cuesta poco, al elevar la demanda de doctores, contribuiría de paso a paliar la crisis de alumnos que las universidades están viviendo por la crisis demográfica.

Otra de las reformas pendientes a nivel del Gobierno español es el de la arquitectura definitiva a nivel de OPIs, ya que hay organismos como el CEDE X, el Instituto Geográfico Nacional, el INTA o el Instituto Carlos III de Investigaciones Médicas o el Instituto Nacional de Meteorología, con dimensión investigadora innegable, que no han sido incorporados en el MICYT, mermando la sinergia y posibilidades de racionalización del sistema completo además de su potencialidad en temas como el Cambio Climático, la Biología Molecular o el agua p.e. La incorporación de estos organismos al MICYT es necesaria.

De acuerdo con lo que los análisis realizados revelan, la estrecha correlación entre resultados y esfuerzo inversor, la viabilidad de cualquier política que busque una mejora sustancial sostenida de indicadores estará condicionada por la evolución económica. La lección que aporta la década perdida 1991-2000, con esfuerzo inversor estancado, debería servir de aviso a navegantes para evitar el naufragio de las buenas intenciones. En este sentido, la propuesta de un Pacto por la Ciencia –que dado lo expuesto debería incluir la reforma del sistema universitario-, al sustraer este esfuerzo de los vaivenes políticos y económicos, es probablemente la única alternativa viable.

Cabe preguntarse por las perspectivas de evolución económica del país la próxima década como horizonte necesario a este esfuerzo de convergencia. Dados los fracasos de los estrategas económicos supuestamente más cualificados para pronosticar en 1999 la crisis que ha sobrevenido en la economía mundial desde 2000 y que por el momento no parece llevar camino de recuperación, sería pretencioso por mi parte, y menos en el marco de este artículo, intentar dar una predicción. Por ello, me limito a presentar algunos elementos que la Prensa especializada está dando.

Figura 8.-La consecución de Premios Nobel está estrechamente relacionada con el volumen de inversión de un país en educación universitaria, un tema en el que España se encuentra muy alejada de la media de los países de UE-15 , ya que solo invierte por alumno el 64 % de la media y el 31 % en becas.

Alguno de los riesgos que la ampliación de la UE-15 a 25 miembros en 2004 podría representar para España, son el posible desequilibrio de la balanza comercial (por sustitución de nuestras exportaciones a la UE) y la desviación de inversión de las multinacionales a los nuevos miembros, con salarios más bajos (de lo que la instalación de la planta de SEAT en Eslovaquia no parece ser más que el principio). Otros elementos que se han señalado al respecto han sido el previsible declive de subvenciones netas de la UE a España tanto por la congelación del gasto en la Política Agraria Común y su reforma como por la progresiva desaparición de los ingresos procedentes de fondos de cohesión al superar la renta media de la UE muchas regiones. Dado que el ingreso neto procedente de la UE equivale a un 1,4 % del PIB, no parece se trate de una perspectiva favorable. La posible crisis estructural en que el sector turístico –el 13 % del PIB- parece estar entrando por sus altos precios y la emergencia de nuevos destinos en el Mediterráneo, a más del probable pinchazo de la burbuja inmobiliaria, son otros elemento de preocupación. Mientras, la banca alemana comienza a dar síntomas de crisis, el Nobel Stiglitz indica que la economía norteamericana puede empeorar significativamente y el 29 de octubre de 2002, el Fondo Monetario Internacional, constataba el hundimiento de la confianza de los consumidores (dos tercios de la economía) en EE.UU. y auguraba un nuevo retraso a 2004 de la recuperación económica internacional que según algunos supuestos expertos debía haberse producido a comienzos de 2002.

En definitiva, un panorama poco alentador que vuelve aún más imperativa la superación de nuestro atraso relativo en I+D en un escenario más difícil que si se hubiera planteado antes, superación que no puede lograrse sino administrando mejor los recursos públicos , suprimiendo bolsas de desviaciones presupuestarias y corruptelas varias. La competitividad a base de bajos salarios se está acabando.

Además, tanto la disminución de la productividad científica de los investigadores del sistema público, como la creciente fuga de cerebros de grupos de investigación, que Santiago Grisolía ha cifrado el 29 de octubre de 2002 en un 16 % de crecimiento en la Comunidad Valenciana – Bernat Soria entre ellos por la prohibición de investigar con células madre-, indican que es necesario actuar sin mucha dilación. Consciente de ello, el Rey de España, en el mismo acto en que Grisolía dio a conocer el dato anterior, dijo que “La ciencia moderna necesita medios y ayudas cada vez mayores, incentivos a quienes la cultivan y una conciencia social que respalde sus esfuerzos”.

Dado el escenario dibujado y la entidad de los retos, especialmente el de la asunción por las empresas de su cuota para la convergencia científica y tecnológica, el riesgo de que España, ante el claro declive en Nobels de la UE en los últimos treinta años y el avance de Japón, China e India, acabe sin conseguir otro Nobel en las próximas décadas, es desgraciadamente muy real. Solo una política que incida en los nudos gordianos, sea de suficiente calado reformista y a la vez eficiente en la inversión pública y privada y cuente con el necesario consenso, será capaz de resolver a medio plazo el problema. El tiempo de poner remedio es ahora; mañana puede ser ya tarde.

Agradecimientos

El autor desea agradecer al investigador del MICYT Francisco López Santiago sus atinados comentarios críticos y sugerencias.

Bibliografía

Ayala-Carcedo, F.J. (1997). Medio Físico y desarrollo en España. Una perspectiva histórica, Boletín Geológico y Minero, ITGE, Vol. 108- 2, 189-216.
Ayala-Carcedo, F.J. (2001 ). Historia y presente de la Ciencia y la Tecnología en España, in Ayala-Carcedo edit., Hª de la Tecnología en España, Valatenea, Barcelona, 2 Vols., tomo II, 729-758.
Bacon, F. (1620). Novum Organum. Trad. en Sarpe, Madrid, 1984.
Calvo Roy, A. (1999). Cajal. Triunnfar a toda costa. Alianza, Madrid.
Carreras, A. (1984). La producción industrial española, 1842-1981: construcción de un índice anual. Revista de Historia Económica, año II, 1, Madrid.
CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales). (2002). Competitividad en España. Problemas y propuestas de mejora. Madrid.
Christianson, G.E. (1984). In the Presence of Creator. Isaac Newton and His Times.The Free Press, Macmillan Inc., U.S.A. Trad. en Salvat, 1986.
De Solla Price, D. (1970). Measuring the size of science. PIASH, 4, 6, 98-111.
Eysenck, H. (1995). Genius. The natural history of creativity. Cambridge University Press, U.K.
Hoffmann, B. Albert Einstein, Creator and Rebel. Viking Press, U.K. Trad. en Salvat, 1987
López Piñero, J.M., Glick, T.F., Navarro Brotóns, V. y Portela, E. (1983). Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. Península, Barcelona, 2 Vols.
López Piñero, J.M. (1985). Cajal. Salvat, Barcelona.
May, R. M. (1997). The Scientific Wealth of Nations. Science, 275, 793
Ministerio de Ciencia y Tecnología (2002). Spanish Science and Technology Indicators. 2001.
Nadal, J. (1975). El fracaso de la Revolución Industrial en España, 1814-1913. Ariel, Barcelona.
OCDE (2002). Education at Glance 2002.
Pico Marín, C. (2002). La enseñanza de la ciencia en España y en Europa. Acta Científica y Tecnológica, Asociación Española de Científicos, Madrid, 4, 22-26.
Simonton, D.K. (1988). Scientific genius. A psychology of science. Cambridge University Press, U.S.A.
Stiglitz, J. (2002). ¿Puede empeorar la economía norteamericana?. El País, 13 de octubre.
Vernet, J. (1975). Historia de la ciencia española. Instituto de España, Madrid.